Muy buenos días a los medios de comunicación, a quienes nos están escuchando. Ayer el Senado acogió la acusación constitucional contra dos ministros de la Corte Suprema. Aunque los hechos son distintos y nuestro Gobierno, por cierto, es respetuoso de las atribuciones de otros Poderes del Estado, creo necesario en mi rol de jefe de Estado reflexionar sobre esta decisión y advertir sobre los efectos complejos y nocivos que puede acarrear para la democracia el mal uso que se puede hacer de las instituciones. En primer lugar, resulta insólito, y a mi juicio inexplicable, que la Cámara de Diputados haya decidido dar curso a una acusación constitucional a dos jueces de la Corte Suprema, por hechos totalmente distintos, en una sola votación. Y respecto al fondo, utilizar las acusaciones constitucionales contra un juez como un medio oblicuo para enjuiciar su s sentencias del pasado o la manera de comprender el derecho por parte de alguno de ellos, sienta un precedente que es muy peligroso.
A los jueces les corresponde, en un estado de derecho, la decisión final respecto de nuestras controversias y, también, cumplen un rol esencial en la defensa de los derechos humanos cuando el resto del Estado omite su protección o derechamente la quebranta. El Poder Judicial debe estar exento de todo tipo de influencia externa política o económica que pueda afectar la independencia de decisión de cada juez, que debe ejercer su labor sin temor a la venganza de los litigantes. Y es por esto que estamos convencidos de la Reforma al Sistema de Nombramientos Judiciales que hemos ingresado ayer —el ministro Cordero dio cuenta de ella— para que se acceda a cada posición judicial en base al mérito, en procedimientos transparentes y probos. Es tiempo de cuidar nuestras instituciones. Utilizar las acusaciones constitucionales, en este caso, contra un juez con argucias procedimentales puede terminar por dañar su indispensable independencia.
Hay momentos en que la contingencia nos impide observar el daño que ciertas decisiones políticas y protagonismos ocasionales le pueden provocar a las instituciones permanentes de la República. El éxito o fracaso de un país, tal como lo han demostrado los recientemente galardonados con el Premio Nobel de Economía, depende en gran medida del carácter inclusivo, serio y respetable de sus instituciones. Desde la recuperación de la democracia nuestro país, Chile, ha construido instituciones democráticas sólidas que han logrado, además, sortear diversas crisis, pero estas instituciones no son indemnes a la acción irresponsable de quienes activa o pasivamente las socavan. Tengo la convicción, personal e institucional, de que debemos ser firmes e implacables contra la corrupción y todo tipo de privilegio injusto, venga de donde venga, sin importar color, posición social ni posición política. Y para enfrentar estos desafíos es necesario modernizar y mejorar nuestras instituciones mediante reformas que sean sostenidas en un debate serio y con altura de miras.
Todos, en particular quienes tenemos cargos de responsabilidad pública y también quienes tienen cargos de responsabilidad privada, tenemos el deber de reflexionar de buena fe sobre el bien común de nuestra Patria y cómo actuar en consecuencia. Muchísimas gracias.